- El regreso a la actividad va a requerir de inversiones en seguridad y medidas preventivas en un momento de cero ingresos y muchas dificultades de liquidez
- Los autónomos y las pymes temen un endurecimiento de las inspecciones y de las sanciones derivadas de las mismas, debido a las reiteradas declaraciones de la ministra de Trabajo
Los Gestores Administrativos recuerdan al Gobierno que las pymes y autónomos que han estado sin actividad durante el período de alarma, o con una actividad reducida, precisan contar con un plan de desescalada asumible en lo económico para que no termine de hundir su ya precaria situación. Según cálculos realizados por los Gestores Administrativos, una pequeña empresa, con cinco empleados, que atienda al público va a incurrir en inversiones y gastos en los próximos dos meses superiores a 8.000 euros. Medidas de seguridad de separación entre puestos de trabajo y/o frente al público, dotación de EPIs a los empleados (mascarillas, guantes, gafas, gel…), refuerzo de la limpieza y desinfección… son algunas de las partidas extraordinarias a las que van a tener que hacer frente en el corto plazo. Además, durante el resto de período que duren las medidas preventivas, seguirán los costes de protección al personal y a los clientes.
Fernando Santiago, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, señala que “estamos empezando a observar en los últimos días que la actividad empieza a repuntar; nos llegan más mensajes de clientes, vemos más vehículos en la calle, incluso se nota más tensión en los negocios que están atendiendo al público”. “Las pymes y los autónomos están calentando ya motores en el convencimiento de que a partir del 10 de mayo podrán volver a la actividad ‘cuasi’ normal”, afirma Santiago. Pero para afrontar esta nueva etapa, los negocios con empleados y/o con atención al público deben cumplir una serie de requisitos de prevención sanitaria que proteja a empleados y clientes de una posible contaminación del COVID-19.
Las pymes y autónomos también precisan un plan de desescalada
De esta forma, se deberán acondicionar los puestos de trabajo, habrá de adquirirse equipo de control de la temperatura, se tendrá que reforzar la desinfección de los espacios de atención al cliente y/o de trabajo y se deberá dotar al personal de las medidas de higiene y seguridad extraordinarias que conlleva la protección frente al coronavirus. “A corto plazo, esto es, en los próximos dos meses, estimamos que una microempresa de 5 empleados debe afrontar unos costes del entorno a los 8.000 euros; después, y mientras dure la obligación de mantener las medidas de seguridad, los costes se pueden ver incrementados en unos 700/800 euros al mes. Todo ello, en unos momentos en los que los ingresos se han visto reducidos significativamente o han desaparecido y con la gran incertidumbre de no saber cuándo se va a volver a facturar”, indica el presidente de los Gestores Administrativos.
“A todo ello hay que sumarle el pago de impuestos seguros sociales, préstamos… y todo ellos sin que lleguen los anunciados ICO. Se le han generado muchas expectativas al autónomo y a la pyme, se le ha contado que su liquidez estaría asegurada por los avales del Estado y la realidad es que están llegando a cuenta gotas y no a todo el mundo. Esto no es café para todos”, afirma Santiago, que añade “no criticamos que los departamentos de riesgos hagan su trabajo, lo que denunciamos es que se haya hecho creer que todo el autónomo y la pyme iban a recibir un ICO y que no se hayan dado instrucciones en este sentido”.
Los Gestores Administrativos advierten también de la preocupación de los autónomos y las pymes acerca de las inspecciones que se van a llevar a cabo por parte de la Inspección de Trabajo. Los reiterados anuncios de la ministra de Trabajo han dejado señalados a aquellos que han solicitado ERTES por fuerza mayor. “No era necesario manifestar tanta desconfianza sobre los empresarios; la gran mayoría no han hecho nada más que proteger sus negocios y a sus empleados. Estamos absolutamente de acuerdo en que se identifique a los que no son honestos, pero eso no significa que se deban sentir amenazados el resto” señala el presidente de los Gestores Administrativos. “Todo ello hace pensar a los responsables de los negocios que se van a extremar y endurecer las inspecciones y las sanciones por lo que parece que la Administración se puede equivocar, pide perdón y ya está, pero el ciudadano no se equivoca, engaña”.
El presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos vuelve a ponerse a disposición de las administraciones “para afrontar el proceso de desescalada con un alto grado de certidumbre, eficacia y apoyo a los negocios. Está muy bien que patronal, sindicatos y Gobierno se reúnan para hablar sobre estos temas, pero actores como nosotros podemos aportar un conocimiento práctico de cómo afectan las medidas a nuestros clientes, la aplicación práctica de su tramitación o qué necesitan para poder salir adelante”.